Colectivo Trabajadores en Revolución 
MEMORANDO
Sobre la ofensiva de los patronos contra Venezuela en la OIT
La Unión Nacional de los Trabajadores de Venezuela (UNT), que estaba presente en las 91a. (2003) y 92a. (2004) reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, desea llamar la atención de sus compañeros sindicalistas del mundo entero, sobre los elementos importantes de la ofensiva de FEDECAMARAS, que representa a los patronos venezolanos, y de sus aliados, como complemento a la “Carta abierta al grupo de los trabajadores de la OIT” que difundió desde Caracas el 3 de febrero de este año 2005.
El contexto de la situación
En 1999 Hugo Chávez Frias fue llevado al Gobierno de Venezuela. Es a partir de este momento que tanto FEDECAMARAS como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que antes sólo había presentado un número poco importante de denuncias o reclamaciones, vinieron a presentar una serie de alegaciones a los órganos de control de la OIT (Comité de Libertades Sindicales, Comisión de Aplicación de Normas de la conferencia y Comisión de Expertos en convenios y recomendaciones de la OIT).
No es un secreto para nadie que FEDECAMARAS como la dirección de la CTV, siempre se han situado en oposición política al Gobierno legítimamente elegido de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, la situación cambió cualitativamente cuando, en abril de 2002, los dirigentes de estas dos organizaciones participaron directamente en el golpe de Estado que, por 48 horas, llegó a establecer un “gobierno” dirigido por Pedro Carmona (el ex Presidente de Fedecámaras), dos de cuyos Ministerios se asignaron a dirigentes de la CTV. A pesar del apoyo no disfrazado del Gobierno de los Estados Unidos, de la participación de sectores del alto mando de las fuerzas armadas, la tentativa de golpe de Estado falló ante la movilización del pueblo venezolano que mantuvo a Chávez en la Presidencia de la República.
Inmediatamente, de diciembre de 2002 a enero de 2003, sin que ninguna asamblea de trabajadores lo hubiera decidido, los gerentes y los directores de PDVESA (Petróleos del Estado), con el apoyo de FEDECAMARAS y de la CTV, convocan un “paro”, en realidad, una operación de sabotaje de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Son los trabajadores quienes, una vez más, combatieron este “paro–sabotaje” y volvieron a poner en marcha la producción en la industria del petróleo y en otros sectores afectados por el “lockout”, barriendo esta tentativa. Como resultado del “lockout” de numerosas empresas que respondieron a la invitación de FEDECAMARAS a cerrar sus puertas, aproximadamente 200 000 personas, del sector privado, perdieron su trabajo.
Recordemos que la UNT se constituyó en abril de 2003, precisamente como reacción de la aplastante mayoría de la base sindical a la participación de la CTV, aliada a los patronos y a los sectores golpistas de la oposición al Gobierno, en los acontecimientos mencionados anteriormente. Muchos sindicatos y federaciones que pertenecían a la CTV, participaron en la fundación de la nueva central sindical, la UNT.
Las denuncias más recientes (no. 2249 y no. 2254)
Después del golpe de Estado y el sabotaje económico de finales de 2002 y principios de 2003, la CTV tomó la iniciativa de una denuncia registrada bajo el no. 2249, en febrero de 2003 que contiene las siguientes alegaciones: asesinato de un sindicalista; denegación de registro de una organización sindical; declaraciones hostiles de las autoridades contra la CTV; orden de detención contra el Presidente de la CTV; promoción, por las autoridades, de una central competidora; obstáculos a la negociación colectiva en el sector público; órdenes de detención y procesos penales de dirigentes sindicales; despido de más de 19 000 trabajadores debido a su actividad sindical; no aplicación de los convenios colectivos; injerencias de las autoridades y de la empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y actos antisindicales; lentitud de los procedimientos iniciados por violación de los derechos sindicales; negociación con organizaciones minoritarias de empleados del sector público ignorando a las más representativas, y acción de las autoridades para dividir a las organizaciones sindicales.
Paralelamente, FEDECAMARAS y la Organización Internacional de Empresarios (OIE), presentaron una denuncia, registrada bajo el no. 2254, en marzo de 2003, alegando lo siguiente: marginalización y exclusión de las organizaciones profesionales del proceso de toma de decisiones; acciones e injerencias del Gobierno para suscitar el desarrollo —y así favorecer a una nueva organización de empresarios—, en el sector agro piscícola; detención de M. Carlos Fernández el 19 de febrero de 2003 en represalia por sus actos como Presidente de FEDECAMARAS; instauración de grupos paramilitares violentos con el apoyo del Gobierno, actuando contra las instalaciones de una organización de empresarios y contra las acciones de protesta de FEDECAMARAS; ambiente hostil a los empresarios, generado por el permiso otorgado por las autoridades, de desposeerlos y ocupar propiedades en plena producción; aplicación de un sistema de control de los cambios decidido unilateralmente por las autoridades que perjudican a empresas miembros de FEDECAMARAS, en represalia por la participación de esta central de empresarios en paros cívicos nacionales.
Remitimos a los compañeros a los documentos de la OIT para que saquen sus propias conclusiones.
Con respecto a los debates en el Comité de Libertades Sindicales se puede consultar la
página:http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb289/pdf/gb-9.pdf
Con respecto a los debates de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional, ver:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/pr-24p2.pdf
Por este memorando desearíamos, sintéticamente, hacer algunas observaciones sobre las denuncias presentadas. La primera es que, además de sus caracteres complementarios, las dos denuncias de la CTV y FEDECAMARAS, hacen completamente abstracción del hecho de que las dos organizaciones participaron, al lado de sectores políticos y militares, en una tentativa de golpe de Estado y a continuación en una operación de sabotaje de la economía nacional.
Así las alegaciones según las cuales, las órdenes de detención de Carlos Ortega (Presidente de la CTV) y de Carlos Fernández (Presidente de FEDECAMARAS) constituyen ataques a la libertad sindical, son completamente falsas, ya que participar en una tentativa de golpe de Estado y a continuación en una operación de sabotaje de la industria petrolífera, no tiene, por supuesto, nada que ver con los convenios 87 y 98 de la OIT.
Es erróneo, así mismo, asimilar los hechos que se produjeron en el paro-sabotaje de la industria del petróleo con una huelga. No hubo asamblea de trabajadores para decidir la huelga, ni mucho menos aviso previo. Los que fueron despedidos —del cuadro de dirección de la empresa— lo fueron por el motivo de abandono de puesto.
Sobre este punto nos parece fundamental reproducir el comunicado de las organizaciones sindicales de los trabajadores del petróleo, FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS et SINUTRAPETROL, con motivo de estos hechos: «Nosotros, trabajadores temporales, no nos hemos adherido nunca al paro y hemos mantenido en actividad las instalaciones de suministro de petróleo y de gas, y esa fue una dura tarea. Nosotros fuimos a realizar las tareas de los altos dirigentes, en el momento en que abandonaron sus funciones, sin que se elevara reclamación legal o contractual. Nosotros los trabajadores, así como los jornaleros acabamos de suscribir en nuestro contrato colectivo, del que hemos obtenido justos beneficios; ante la irresponsabilidad de nuestros superiores, abandonando intempestivamente el trabajo, 30 000 trabajadores temporales hemos asumido la tarea patriótica de impedir que nuestra principal industria se hunda y que nuestro pueblo se sumerja en la desesperación y el caos, como resultado inevitable del que tendríamos aún que lamentarnos.»
El sindicato teledirigido UNAPETROL —uno de los demandantes con la CTV y al que se rechazó el registro como organización sindical— fue formado por gerentes y directivos de PDVESA para “representar a los trabajadores” en las negociaciones colectivas (en las que participan las tres organizaciones que emitieron el comunicado citado arriba). Su composición es contradictoria al principio de “sinceridad de representación” y al convenio 87 de la OIT que prohíbe organizaciones comunes de los trabajadores y de los representantes de los dueños. Es por eso por lo que no fue reconocido por las autoridades responsables del registro de los sindicatos de Venezuela.
En cuanto al “asesinato de un dirigente sindical” mencionado en la denuncia no. 2249, fue el producto de una riña entre particulares. El Sr. Numar Ricardo Herrera, miembro de la Federación de los Trabajadores de la Construcción, fue lamentablemente asesinado después de que la manifestación del 1 de Mayo del CTV finalizase y a una gran distancia del lugar donde esta se había dispersado. El Sr. Manuel Arias, después de una discusión con Herrera disparó con su arma de fuego y lo mató. El autor de los disparos fue detenido por las autoridades policiales e inculpado de homicidio por la Justicia. Es un hecho aislado que no tiene connotaciones políticas y que no constituye un ataque a la libertad sindical
La denuncia presentada por FEDECAMARAS, por su parte, incluye «la marginalización y la exclusión de las corporaciones empresariales en el proceso de toma de decisiones» cuando existe un gobierno legítimamente elegido, que vio su mandato reafirmado por el referéndum de agosto de 2004, ¡¿A quién incumbe, pues, tomar decisiones!?
Medidas adoptadas para la defensa de los sectores populares, como la ley sobre la tierra, constituyen para los demandantes, «fuente de un ambiente hostil a la patronal». Pero la arrogancia de los patronos alcanza su apogeo, cuando se quejan de «la aplicación de un sistema de control de cambio decidido de manera unilateral, ¡por las autoridades!» Pero entonces ¿A quién compete aplicar un sistema de control (de las divisas) de los cambios, si no es al Gobierno de una nación soberana?
De todo esto se desprende que, las denuncias presentadas por FEDECAMARAS y la CTV forman parte de la continuidad de una política que intenta utilizar a la OIT para obtener posibles ventajas en el conflicto político en Venezuela y no, como debe ser, para defender los derechos laborales y los derechos sindicales cuando son amenazados.
La propuesta de Comisión de Investigación
Venezuela ha recibido varias visitas de funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo. Una misión de contactos directos se personó en el país entre el 13 y el 15 de octubre de 2004 y se encontró incluso con dirigentes de la UNT, esta ocasión nos permitió aportar todas las explicaciones sobre la verdadera situación de las libertades sindicales, rechazando las “denuncias” conjuntas de la patronal y la dirección de la CTV (dirección ilegítima, como resultado de las elecciones sindicales fraudulentas en 2001).
La UNT se enteró de que el Director ejecutivo encargado de los principios y derechos fundamentales de la OIT, Sr. Kari Tapiola, había informado al Gobierno de la República bolivariana de Venezuela, de que varios delegados patronos habían presentado durante la 92a.Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2004), una denuncia contra el Gobierno de Venezuela con arreglo al artículo 26 de la Constitución de la OIT, pidiendo una Comisión de Investigación sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización (Convenio 87) y sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva (Convenio 98), dos convenios ratificados por Venezuela.
Es necesario destacar que los delegados de los empresarios, los titulares y los suplentes, que apoyaron a FEDECAMARAS en esta denuncia son: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chipre, Francia, Alemania, India, Italia, Jamaica, Japón, México, Noruega, Arabia Saudita, Sudáfrica, Venezuela, España, Suecia, Suiza, Túnez, Reino Unido y Estados Unidos, un total de 23 patronos.
El próximo Consejo de Administración, que tendrá lugar del 8 al 24 de abril de 2005, deberá decidir, por una votación por mayoría, si procede o no a la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la OIT.
En resumen la denuncia presentada por los patronos es justificada por el hecho de que «desde 1999, este grupo como el de los trabajadores fueron víctimas de acoso, y que las políticas del Gobierno condujeron también al cierre a más de de 100 000 empresas y a la pérdida de empleo para millares de trabajadores... y, que, a pesar de las distintas recomendaciones formuladas por los órganos de control de la OIT, el Gobierno sigue atacando físicamente, económica y moralmente a la comunidad patronal independiente venezolana, discriminando a la mayoría de las organizaciones de los empresarios por su exclusión de los procesos de diálogo social y de consulta tripartita», he aquí algunos argumentos entre otros.
Hay que tener en cuenta que, desde marzo de 2003, el sector patronal amenazaba con utilizar la comisión de investigación. Así, antes del final de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el portavoz de los patronos, en la aprobación del informe de la Comisión de Aplicación de Normas, durante la sesión plenaria de la Conferencia, hizo la siguiente declaración: «Desgraciadamente, este año no hemos podido imponer apartado especial sobre Venezuela, un país en el que se producen irrefutables violaciones de la libertad sindical. El Estado de Derecho y la práctica no se mejoraron, lejos de lo que es necesario, con relación a los años anteriores, en que habíamos introducido apartados especiales. Por esta razón, los empleadores van a presentar, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT, una reclamación que, sin duda alguna, ha debido llegar ya a la Oficina.»
La UNT considera que la aprobación de la propuesta de una Comisión de investigación hecha por la patronal de Venezuela y sus homónimos de los demás países, tiene por objetivo no solamente imponer una “sanción” al Gobierno de un país soberano, sino que es, también, una afrenta contra todos los sindicalistas venezolanos verdaderamente comprometidos con la defensa de los trabajadores y de sus derechos, con la defensa de la soberanía nacional y la democracia.
Esta es la razón por la que pedimos a todos los compañeros apoyarnos firmando la “Carta abierta al grupo de los trabajadores de la OIT”, adjunta a este memorando.1
Caracas, febrero de 2005.
UNIÓN NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA (UNT)